Luego del mensaje a la nación de la presidente Dina Boluarte, confirmamos que el actual gobierno central no tiene políticas públicas, ni liderazgo ante la inseguridad ciudadana que aqueja a la población, mientras las extorsiones, el sicariato y el crimen organizado se incrementan a diario, con mayores víctimas y ante el temor generalizado. En los días previos al mensaje presidencial, la población reflejaba en las encuestas sus mayores preocupaciones, el 51% esperaba que se “presente un plan concreto para combatir la delincuencia” y un 12% pedía un plan para frenar la minería ilegal, ambos temas relacionados, hacen un 63% de ciudadanos que exigen una lucha frontal ante la inseguridad (encuesta Ipsos-América Tv). A principios de julio, la organización internacional Human Rights Watch, una ONG con sede en más de 40 países, dedicada a la defensa de los derechos humanos, publicó el informe “Legislar para la impunidad, cómo el congreso del Perú, permite el avance del crimen organizado”, su directora Juanita Goebertus afirmo que “el ataque del Congreso al Estado de derecho ha dejado a millones de peruanos más vulnerables frente al crimen organizado” y que “el congreso y el gobierno de Boluarte deben revertir urgentemente estas medidas y proteger los derechos de toda la ciudadanía”. El informe, demostraba como la situación de seguridad en el Perú se ha deteriorado drásticamente. Entre 2018 y 2024, los homicidios aumentaron un 137 %, de 1,076 homicidios, pasamos a 2,552; mientras las denuncias por extorsión, en especial en zonas urbanas y en el sector transportes, alcanzaron los mayores niveles históricos, según datos de la policía nacional. Mientras el deteriorado congreso, con más de la mitad de sus integrantes investigación por corrupción u otros delitos, aprobaban normas para socavar la independencia y la capacidad de los tribunales y los fiscales. En tanto, el gobierno de la presidenta Boluarte ha recurrido cada vez más a los estados de emergencia para enfrentar la criminalidad, lo que ha suspendido derechos constitucionales sin lograr reducir la violencia.

Ante este crítico panorama, el mensaje presidencial, poco o nada aportó en medidas ante la inseguridad, antes bien con aires triunfalistas afirmó: “en seguridad, hemos incorporado al servicio más de 21 mil efectivos policiales y, después de 20 años se han adquirido más de 1,400 vehículos entre camionetas, motocicletas y ambulancias, con una inversión de más de 580 millones de soles, para brindar mayor seguridad a la población” (página doce del mensaje presidencial); sin embargo, olvido, reportes de la PNP, que indican que de 20,274 vehículos, solo el 60% están operativos; 4699 son irrecuperables y 3440 están deteriorados, con posibilidad de reparación. La semana previa, en un acto público, la presidente Boluarte entregó vehículos lujosos para los altos mandos de la policía, por un valor de S/ 17.3 millones de soles, para una flota de 168 vehículos; que incluye 8 camionetas Audi, para los tenientes generales, 40 camionetas Toyota RAV4 para los generales y 120 automóviles Toyota Corolla para los coroneles; un contrasentido que prioriza los vehículos personales de los altos mandos, frente a la urgencia de mejorar los vehículos de patrullaje policial, ante el acecho de la criminalidad.

Más adelante en la página 55 del mensaje, hizo referencia a la implementación del denominado “Plan Perú Seguro”, que no tuvo mayor trascendencia, fue aprobado por R.M. 07-2025-IN, del 06 de enero de 2024; y en su año y medio de vigencia, paso desapercibido, pues tenemos en curso, la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030, que fue aprobado por decreto supremo del 21 de junio de 2022; de manera que este paralelismo de planes, poco o nada contribuye a una gestión eficaz de la seguridad ciudadana; no hizo referencia al CONASEC, Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que por la Ley del SINASEC, es el comité multisectorial nacional de dirección, gestión y conducción de las políticas públicas de seguridad, y que preside el MININTER y cuando asiste la presidente de la república, asume su dirección, tampoco hubo un balance de los resultados de los estados de emergencia en distritos, y la aventura del denominado “cuarto de guerra”, que fue suspendido sin abruptamente; ninguna referencia al anunciado “Ministerio de Seguridad Pública” que reemplazaría al Ministerio del Interior, en su discurso de julio del 2024. Sin embargo, la mandataria afirmó que se lanzó el “Plan Celador” para reforzar el patrullaje motorizado y a pie, en Lima y Callao, y que dicho plan se consolidaría para el año 2026, como política pública.

Otros anuncios, lindan con buenos deseos, que deben confirmarse si se hacen realidad, es el caso de mejoramiento del equipamiento, armas, laboratorios de criminalística, escuelas policiales, nuevos establecimientos penales e incrementos remunerativos. Lamentamos, incidir en que no existe liderazgo, ni decisión política para una lucha frontal contra la inseguridad y el crimen organizado; se mantienen altos mandos desacreditados, como el comandante general Víctor Zanabria, con diversas denuncias por inconductas funcionales; se premia a ministros censurados como el Sr. Santivañez, con cargos a la medida, y no se combate la corrupción al interior de la policía nacional, menos se tiene claridad y firmeza para impulsar reformas policiales, en el sector justicia, el INPE, menos se articula políticas multisectoriales como los gobiernos locales. En suma, un gobierno de salida, sin legitimidad social y repudio popular, poco o nada puede hacer, esperemos que los candidatos presidenciales presenten hojas de ruta claras en materia de seguridad pública, y que el nuevo gobierno nacional, asuma la tarea de combatir la inseguridad y promover la cultura de paz y convivencia social, por un Perú democrático y seguro, para todos los peruanos.

(*) Email: ideasayni@gmail.com