La participación ciudadana en los gobiernos subnacionales, es una de las piedras angulares de la gobernabilidad local, la legitimidad y la concertación social, corresponde a la voluntad política de sus gobernantes su impulso, apertura y promoción. La democracia participativa, propone que a mayor participación social, mejor estabilidad, institucionalidad democrática y sostenibilidad de políticas y planes locales. En este horizonte, nuestro artículo, brinda una aproximación a la actual gestión del gobernador regional Salcedo, en el período 2023-2024, desde nuestra experiencia en el CCR, Consejo de Coordinación Regional y el COVIC, Comité de Vigilancia Ciudadana, que son los principales espacios de concertación ciudadana, cierto es que existen otros espacios sectoriales a nivel ambiental, seguridad ciudadana, desarrollo económico, turístico, etc.; sin embargo, conforme a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley Nro. 27867), la Ley Marco del Presupuesto Participativo (Ley Nro. 28956), la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano (Ley Nro. 26300) y sus reglamentos y normas conexas, tanto el CCR como el COVIC, son los espacios institucionales del gobierno regional.

El CCR, es un órgano consultivo y de coordinación del Gobierno Regional, con las municipalidades provinciales y la sociedad civil, cuyos acuerdos se toman por consenso; el 60 por ciento de sus integrantes, corresponden al Estado, gobernador, los 13 alcaldes provinciales, un representante del REMURPE, un representante de la MCLP y los funcionarios regionales, 12 gerentes regionales y 03 proyectos especiales; y el 40 por ciento restante corresponde a 20 representantes de la sociedad civil, elegidos por segmentos, como las universidades, Ongs, organizaciones sindicales, agrarias, juveniles, colegios profesionales, empresariado, discapacitados, organizaciones culturales y otros. Conforme a la Ordenanza Regional Nro. 165-2019-CR, que aprueba su reglamento interno, se debe reunir ordinariamente dos veces al año, a convocatoria del gobernador regional y extraordinariamente a petición de un tercio de sus integrantes, conforme a la agenda solicitada. El presente año se tuvo solo dos sesiones, la primera en fecha jueves 14 de marzo, que se limitó a la acreditación de los integrantes del CCR, debido a que hubo elección de los nuevos representantes de la sociedad civil; y algunos informes de gestión; cabe destacar que solo participaron 4 de los 13 alcaldes provinciales. La segunda reunión ordinaria del CCR, fue en fecha miércoles 22 de mayo, en esta ocasión la agenda se limitó al informe sobre proyectos emblemáticos (Aeropuerto de Chinchero y Hospitales Lorena, Quillabamba, Espinar y Machupicchu), así como el recorte presupuestal del MEF; en esta sesión también se observó una participación mínima de los alcaldes provinciales. Si bien el gobernador Salcedo, anunció que convocaría a sesiones extraordinarias, “si es necesario, mensualmente”, nunca más se convocó al pleno del CCR. El art. 08 del reglamento del CCR, considera que sus funciones son, emitir opinión consultiva sobre el presupuesto participativo regional, el plan de desarrollo concertado, propuestas en materia de transparencia, gobierno abierto y electrónico, y otros que solicite el consejo regional o el gobierno regional. Un aspecto de trascendencia es el plan de desarrollo regional concertado con horizonte al 2033, que fue presentado el pasado 10 de diciembre, este documento de gestión fue aprobado aún en noviembre del año 2023, vía ordenanza regional, los funcionarios se demoraron un año para su presentación oficial, lo cual evidencia demasiado burocratismo, este plan orienta el presupuesto participativo regional y debe ser articulado con los planes concertado de nivel provincial, aspecto en el cual poco se ha avanzado. Respecto al Presupuesto Participativo Regional, su ley marco, reglamento y directivas, disponen su convocatoria anual, con proyección multianual, lo cual es contradictorio con la ordenanza regional Nro. 0235-2023, de fecha 06 de julio de 2023, que reglamenta el presupuesto participativo multianual basado en resultados 2024-2026, que siendo una norma de inferior categoría, dispone que solo el primer año (2023) se convocaría al taller del presupuesto participativo y los demás años, se limitaría a la labor de seguimiento de los acuerdos. Por tal motivo, el COVIC, Comité de Vigilancia Ciudadana, que fue elegido el 29 de agosto de 2023, fue reconocido vía ordenanza regional 250-2024-CR, de fecha 07 de agosto de 2024, es decir un año después de su elección, lo cual limita sus actividades y ejercicio de funciones de vigilancia ciudadana. El Plan de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2033, recientemente presentado, en el capítulo de ”Caracterización del territorio”, pág. 420, en la acápite 10.3 Matriz de problemas y brechas, dimensión gobernanza, reconoce que en nuestra región se identifica: “instituciones públicas, poco transparentes”, “bajos niveles de participación de la población, en la gestión pública”, lo cual debe revertirse en bien de la buena gobernanza.

Estos dos aspectos reseñados brevemente, evidencian la falta de voluntad política de parte del actual gobernador regional, más aún se carece de un plan regional de participación ciudadana, las políticas de integridad pública son limitadas, y en temas de gobierno abierto, gobierno digital, transparencia y rendición de cuentas, la labor es insuficiente y limitada. Desde esta tribuna exhortamos a las autoridades regionales, a evaluar y reconsiderar sus políticas de participación ciudadana, y quizás en los dos años restantes de su gestión, podamos promover la democracia regional participativa, para el buen gobierno regional al servicio de los ciudadanos.

(*) Email: ideasayni@gmail.com