La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su Asamblea General del 31 de octubre de 2003, aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que entró en vigor en diciembre de 2005, y pidió al Secretario General que designara a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) como la secretaría para la Conferencia de los Estados Partes de la Convención. Asimismo, para crear conciencia contra esta lacra y difundir el valioso papel de la Convención a la hora de luchar contra ella y prevenirla, la Asamblea también designó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción. Han transcurrido dos décadas desde entonces, y la corrupción sigue incrementándose, y se propaga por igual en todos los estados, cuál fuere su orientación política, en las autocracias del llamado “socialismo del siglo 21”, en los regímenes liberales y conservadores, o en los de centro democrático. Un hito de impacto fue la revelación de la corrupción de lava jato, el año 2017, que involucro a muchos gobernantes, varios de ellos hoy purgan condena, como es el caso del ex-presidente Alejandro Toledo y muchos más son investigados. Por tanto, es urgente perseverar en las políticas de integridad y lucha contra la corrupción, en todos los niveles de gobierno, local, regional y nacional, así como involucrar en esta tarea a la sociedad civil organizada, los medios periodísticos, la academia, el sector privado y por cierto el sector público; es una labor multisectorial y pluridisciplinaria, y transversal por cuanto la educación y los valores éticos, deben ser promovidos en la formación de los jóvenes y en todas las modalidades educativas, para que los futuros actores públicos, tengan una conducta integra y decorosa.

Para el año 2023, la ONU en el día internacional contra la corrupción, ha enfatizado conmemorar el vigésimo aniversario de la Convención de las Naciones Unidades contra la Corrupción, propiciando la reflexión sobre los cambios positivos que ha promovido dicha convención, y las dificultades para su plena implementación y vigencia. La convención, es un documento profuso, de 67 páginas y VIII capítulos; inicialmente presenta la Resolución 58/4 de la Asamblea General del 31 de octubre del 2003; en el preámbulo se afirma que los Estados Parte de la presente convención se hallan “preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”. El capítulo I, plantea las finalidades de la convención: “a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción; b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos; c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos”.

El capítulo II, está referido a medidas preventivas, cuyo artículo 5, políticas y prácticas de prevención la corrupción, dispone que “cada Estado parte…formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad…”. El artículo 6, Órganos de prevención de la corrupción, considera que cada Estado…garantizará la existencia de un órgano u órganos según proceda, encargados de prevenir la corrupción…”, en tal sentido en nuestro país, la normativa vigente tanto del plan y políticas anticorrupción, dispone que se deberán implementar unidades y coordinadores de integridad, u oficiales de integridad; sin embargo, su implementación es lenta y progresiva, en particular en los niveles de gobierno subnacionales a nivel de municipalidades, es un reto y tarea pendiente del órgano rector que para este caso, es la Secretaría Integridad Pública de la PCM.

En el acápite 2, la convención, indica que cada Estado Parte…“otorgará al órgano mencionado…la independencia necesaria…y deben proporcionárseles los recursos materiales y el personal especializados que sean necesarios, así como la capacitación que dicho personal pueda requerir para el desempeño de sus funciones”. Evidentemente, estamos lejos de cumplir estas disposiciones de la convención de la cual somos parte.

El combate contra la corrupción, es una tarea de largo aliento, pero es sustancial tener políticas claras y vigentes, está en proceso la actualización de la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción al 2030, la cual deberá ser aprobada a la brevedad, y sobre todo implementada, monitoreada y evaluada en todos los niveles de gobierno. Que, este día internacional contra la corrupción, reafirme nuestro compromiso en esta enorme labor y lograr un mundo #UnidosContraLaCorrupción.

(*) Email: ideasayni@gmail.com; Reg. FPP 8186