La Contraloría General de la República del Perú, el 28 de agosto de 2023, presentó los resultados del denominado “Megaoperativo de Control al Gobierno Nacional”, con una cobertura de los últimos cinco periodos presidenciales de 2016 al 2023, considerando al poder ejecutivo, legislativo, judicial, organismos autónomos y universidades públicas. Para dicho propósito, la contraloría, dispuso de 1,575 auditores, quienes laboraron en el operativo de marzo a agosto de 2023, supervisaron 356 entidades públicas, la mayoría del poder ejecutivo (240 en total), habiendo detectado a 1242 funcionarios de dichas entidades públicas, que habrían generado un perjuicio económico por la suma de 619 millones de soles, y que tienen presunta responsabilidad civil, penal o administrativa.

El monto del presupuesto público controlado, asciende a la suma de 109,274 millones de soles, y los sectores intervenidos con mayor presupuesto son: transportes y comunicaciones con 43,215 millones de soles (40%); educación con 21,792 millones de soles (20%) y saneamiento con 14,223 millones de soles (13%), lo cual revela que estos sectores son los que mayores riesgos de corrupción presentan. De los 1,242 funcionarios con presunta responsabilidad; 765 son directivos, 493 son profesionales y 7 son funcionarios, es decir, las inconductas se generan en los altos cargos directivos.

En cuanto a los casos específicos, por entidades públicas, podemos destacar los siguientes:

• SUNASS (Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento), se genera perjuicio por la suma de 2.2 millones de soles, por la compra de 469 computadores portátiles que incumplen características requeridas.

• Autoridad de Reconstrucción con Cambios (PCM), falta de sistema de drenaje para agua de lluvias en “Centro de Salud Castilla I-4” (Piura), pone en riesgo la seguridad de los usuarios, la inversión es de S/ 153´529,282.

• AGRO-RURAL, agricultores en pobreza, serían perjudicados por reducción de abastecimiento de agua, en 14 regiones, afectando a 97,870 pequeños productores agrarios, en los años 2022 y 2023, se recortó en 50% el presupuesto programado.

• Banco de la Nación, falta de control y prevención de fraudes en Bono “Yanapay” ocasiona perjuicio de S/ 6´294,906 de soles, debido a que se presentaron 37,139 reclamos por casos de suplantación, y que se declararon procedentes.

• Fondo Mi Vivienda, se identifica responsabilidad en 26 directivos y funcionarios, que beneficiaron a empresa, con un favorecimiento de S/ 33.1 millones que dejo de aportar al fideicomiso, perjudicando a más de 2 mil familias que quedaron sin viviendas.

• Ministerio de Salud, se detectó perjuicio económico de 21 millones de soles, por compra de medicamento sin sustento técnico, ni legal para pacientes del COVID-19; se adquirió mediante contratación directa 480 mil unidades de “Vasopresina”, de las cuales el 89.7% fueron dados de baja, sin distribuirse, por estar vencidas, y el resto que se distribuyo, también fueron dadas de baja, al no ser utilizadas.

• Congreso de la República, adjudican compra de alfombras por S/ 315 mil soles, a postor que incumplía requisitos exigidos, fue calificado indebidamente como Mype, incrementando su puntaje en la calificación.

EL ÍNDICE DE CORRUPCIÓN E INCONDUCTA FUNCIONAL (INCO) 2022, en el Gobierno Nacional, revela lo siguiente:

En el ranking de mayor puntaje del índice de corrupción, las cuatro entidades públicas que la encabezan son: MTC-Provias Nacional con 81.7; Ministerio de Salud con 75.5; Policía Nacional del Perú con 73.3 y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con 72.2, cuyo rango es muy alto.

En el ranking de organismos constitucionalmente autónomos, encabezan el ranking, el Poder Judicial con 73 puntos, el Ministerio Público con 63.6 y el Congreso de la República con 61.5.

En el ranking de universidades públicas, tenemos a la Universidad Mayor de San Marcos con 77.8 puntos; luego la Universidad del Altiplano con 73.7; la UNI con 68.3 y la UNSAAC con 67.5; y la Universidad San Agustín de Arequipa con 63.7 puntos.

Cabe destacar, que el periodo investigado (2016-2023) fue de una gran inestabilidad política, tuvimos seis presidentes de la república: Kuczynski (20 meses); Vizcarra (31 meses); Merino (6 días, tuvo que renunciar); Sagasti (9 meses); Castillo (16 meses) y la actual Presidenta Boluarte (9 meses); dicha inestabilidad tiene serias consecuencias en la confianza de los agentes económicos y las inversiones; es urgente reconstituir y reformar nuestro sistema político, a nivel nacional, regional y local.

Apreciamos y valoramos la labor de supervisión del sector público que desarrolla la Contraloría de la República; sin embargo, el trabajo descentralizado no tiene continuidad, el año 2022 se realizaron diversos megaoperativos a nivel regional, cuyos resultados, dicho sea de paso, demoraron en ser publicados, y más aún fueron informes resumidos, en el caso del Cusco, solo pudimos acceder al detalle de los mismos, por la vía de la solicitud de acceso a la información pública, consideramos que los casos emblemáticos, al menos, debieron tener continuidad en las acciones de control. El Perú tiene a la corrupción y la inseguridad como sus principales problemas públicos, es urgente el trabajo concertado y la claridad en los objetivos y estrategias de las políticas públicas, para combatir estos males, unidos todo lo podemos.

(*) Email: ideasayni@gmail.com; Reg. FPP 8186.