La seguridad ciudadana es el segundo problema que los ciudadanos aprecian como prioritaria en las políticas públicas, luego del problema de la corrupción, que sin duda es el primer problema que afecta a nuestro país. Por tal motivo, es  importante que tengamos una primera aproximación a un balance anual de la seguridad ciudadana para el año 2022, el mismo que apreciaremos por niveles de gobierno.

A nivel del gobierno nacional:

El fenecido gobierno del Sr. Pedro Castillo, evidencio, precariedad e improvisación, por lo efímero de los ministros designados, entre ellos los del sector interior, lo cual no permitió tener consistencia y estabilidad en las políticas públicas. El gobierno de transición de la Sra. Boluarte, sigue esta tendencia, en el primer mes ya tenemos dos ministros del interior, y la mayor preocupación al parecer es la situación de los conflictos sociales propiciados por sectores extremistas de izquierda, cuyo único propósito es sembrar caos e ingobernabilidad, preocupa el rol de los rezagos del terrorismo senderista, que a partir de los frentes de defensa como el caso de la región Ayacucho o los directivos del "Movadef", vienen teniendo un protagonismo inusitado, el rol de la inteligencia y las dependencias anti-terrorismo debe ser fortalecida urgentemente. En cuanto a políticas nacionales, este año se debería iniciar un proceso de actualización del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana para el periodo 2024-2028, debido a que el plan vigente 2019-2023, no solo fenece este año, sino que fue desfasado por la gravedad de la pandemia del Covid-19 en los años 2020-21. Si bien tenemos una política nacional multisectorial de seguridad ciudadana al 2030, esta no es la que define los lineamientos de política a nivel de gobiernos sub-nacionales, quienes son los que implementan sus respectivos planes de acción, por tanto, el proceso de actualización señalado será de suma urgencia.

A nivel de gobiernos regionales:

Si bien los gobiernos regionales constituyen sus respectivos Comités Regionales de Seguridad Ciudadana (CORESECs), su ámbito es más técnico-normativo y de orientación. Sería muy ambicioso, revisar la gestión de los 25 GOREs, así que nos referiremos al Gobierno Regional del Cusco, cuya labor fue más de cumplimiento formal, en cuanto a las sesiones ordinarias del CORESEC y la formulación de su plan regional de seguridad, cuyo presupuesto asignado ha sido mínimo en los últimos años, lo que evidentemente no viabiliza implementar políticas regionales consistentes. Adicionalmente, se dio continuidad al proyecto del observatorio regional de seguridad, con serias deficiencias y escasos resultados, dicho proyecto incluso no se ha concluido en particular en las acciones de capacitación operativa al personal del observatorio, y tampoco hubo una debida articulación con los comités provinciales, a finales de año se anunció una rimbombante “primera encuesta de seguridad ciudadana”, cuyos resultados no han sido debidamente difundidos. La seguridad ciudadana, debería tener una área funcional independiente en la región, y no ser dependencia de la oficina de gestión de riesgos. Otro aspecto a observar es que luego de que el año 2019 se realizara el congreso regional de seguridad ciudadana, en los sucesivos años 2020, 21 y 22, lamentablemente se dejó de celebrar este importante congreso, inicialmente por motivos de la pandemia, pero debió dársele continuidad estos últimos años, e incluso en modalidad virtual, el asunto es que los actores de la seguridad, autoridades, PNP, municipalidades, serenazgo y juntas vecinales, han carecido de este espacio de concertación, capacitación y socialización de buenas prácticas.

A nivel de gobiernos locales:

Los municipios provinciales y distritales son órganos ejecutivos de primera importancia, ambos constituyen sus respectivos Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) y los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC) que si son ejecutores de políticas de seguridad. Todos ellos fueron afectados en su rol y funciones por la pandemia del año 2020, debiendo integrar su labor con los comités de emergencia anti-pandemia; los planes de acción fueron reprogramados en su elaboración, y los presupuestos reducidos para antes bien financiar los planes de contingencia de salubridad pública local. Esta situación se agudizó el año 2022, al ser año electoral y con autoridades que fenecían en sus cargos, la mayoría se desentendió en la elaboración de sus planes de acción locales, un gran número no fueron aprobados o remitidos a las instancias superiores, como lo evidencio la propia DGSC, Dirección General de Seguridad Ciudadana, que identifico nada menos que 339 planes de acción no aptos para implementación, lo cual es muy preocupante. En cuanto al serenazgo municipal, si bien se aprobó el reglamento de su respectiva ley, poco se avanzó en su fortalecimiento y equipamiento, en particular no hay avances en cuanto a la implementación de los centros de capacitación del serenazgo, a pesar de haber definido incluso su respectivo currículo de estudios, es urgente profesionalizar al personal de serenazgo. Otro aspecto de trascendencia es el rol de las juntas vecinales de seguridad ciudadana, que han sido debilitadas, sin mayor equipamiento e incentivos, no permiten que sea la base social que fortalezca el sistema local de seguridad ciudadana. Las nuevas autoridades locales tienen un gran desafío para relanzar e implementar sus respectivos comités locales de seguridad. En suma, esta evaluación preliminar, tiene el propósito de motivar y comprometer a los actores de la seguridad ciudadana, para lograr un compromiso de todos y orientarnos a políticas eficaces por la cultura de paz y convivencia social, que hoy son más urgentes que antes.

(*) Email: ideasayni@gmail.com