La corrupción y sus efectos nocivos en la gestión pública continua ejerciéndose y al parecer incrementándose en todos los niveles de gobierno y la sociedad, los costos son altísimos y al parecer superan el 10% de nuestro PBI; no solo la macro-corrupción como el caso “Lava Jato” o los “cuellos blancos” en el sistema de justicia, sino también en los gobiernos regionales y locales, y la “micro-corrupción” del día a día, como la coima para no asumir una falta ante el policía o inspector; el año anterior la PCM informó que teníamos 57 gobernadores regionales y más de 200 alcaldes que han sido vacados, procesados, sentenciados o se hallan fugados por casos de corrupción. Las últimas noticias nos informan que la corrupta empresa “Odebrecht” ha demandado a nuestro país ante el CIADI, por nada menos que 1,200 millones de dólares por el retiro de la concesión del gasoducto del sur, muy a pesar que se les pago 524 millones de soles por la venta de la central hidroeléctrica de Chaglla para la continuidad de su acuerdo de colaboración; y a nivel local en la provincia de Canchis, la población se halla indignada ante la propalación de audios y videos en el cual el alcalde Jorge Quispe, exige a sus proveedores tres camionetas y cien mil soles a cambio de otorgarles una obra de más de dos millones de soles. Qué hacer? Es fundamental promover valores y desarrollar una cultura de integridad y lucha anti-corrupción, para ello requerimos políticas públicas consistentes en todos los niveles de gobierno, por tanto es muy importante que se elaboren los “Planes de Integridad y Lucha contra la Corrupción” a nivel regional y local. El actual Gobierno Regional de Acción Popular y el gobernador Benavente, asumen como lema “trabajemos con integridad”, lema que debe traducirse en hechos concretos, el pasado fin de semana, suscribieron con la PCM y su Secretaria de Integridad la llamada “Agenda Regional de Integridad” que plantea algunos compromisos como implementar el modelo y plan nacional de integridad a nivel regional; que se cumplirá con la presentación de las declaraciones juradas de intereses; que se mejorara los sistemas de control interno; que se garantizará la transparencia y acceso a la información pública; y se fortalecerá la Comisión Regional Anticorrupción de Cusco (CRAC); compromisos positivos pero que deben ir de la mano con la vigilancia ciudadana, al parecer el acuerdo fue burocrático y lejano a la sociedad civil, lo cual deberá rectificarse de inmediato. Dichas políticas serán ejercidas si los gobiernos locales disponen de sus planes de integridad, al respecto cuántos de los 112 municipios disponen de sus respectivos planes?, no disponemos de información veraz, pues el propio CRAC no informa al respecto, pues su labor se ciñe a reuniones protocolares periódicas, por tanto es importante que se impulse el monitoreo de dichas políticas. Sin embargo cabe saludar algunas iniciativas privadas como de la fundación Konrad Adenauer y la Universidad Ruiz de Montoya quienes publicaron la “Guía para elaborar un Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción” para gobiernos sub-nacionales, el texto en su primera parte reseña la concepción de la integridad pública y la gestión por resultados y en la segunda parte, desarrolla seis pasos para elaborar un plan de integridad. El concepto de integridad acorde al D.S. Nro. 0422018-PCM se define como “el uso adecuado de los fondos, recursos, activos y atribuciones en el sector público, para los objetivos oficiales para los que se destinaron” y en cumplimiento de valores, principios y normas éticos compartidos, para priorizar el interés público por encima del interés privado, en el sector público. Acorde al Plan Nacional de Integridad, se deberá implementar un modelo que comprende nuevo componentes: compromiso de la alta dirección, gestión de riesgos, políticas, transparencia, control interno y externo, comunicación y capacitación, canales de denuncias, supervisión y monitoreo y un encargado de dicho modelo. Por tanto cada gobierno regional y local, deberá implementar una oficina de integridad, elaborar su plan local, implementar sus políticas y propiciar la participación y vigilancia ciudadana; deberá destacarse las audiencias públicas de rendición de cuentas y las prácticas de transparencia en la información, en particular en los procesos de contrataciones públicas. En suma un buen plan de integridad parte de un adecuado diagnóstico de los riesgos de corrupción en su ámbito local, diseñar una matriz de políticas y responsabilidades y los mecanismos de monitoreo y seguimiento. Acorde a las políticas de gobierno abierto e integridad, esperemos que nuestros gobiernos locales, cumplan con elaborar sus respectivos planes locales de integridad. Juntos Si Podemos vencer a la corrupción. 

(*) Email: ideasayni@gmail.com