La democracia y la gobernabilidad de nuestro país exigen un clima de paz, que sea propicio para las inversiones y el desarrollo socio-económico, por tanto es de suma importancia institucionalizar el diálogo, la prevención y la gestión de los conflictos sociales. La responsabilidad corresponde a todos los niveles de gobierno, a nivel central se tiene la Secretaria de Gestión Social y Dialogo que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en los niveles regionales y locales, es potestad de cada gobernador o alcalde propiciar la constitución de oficinas de prevención de conflictos, articulados al nivel nacional, no todas las autoridades priorizan e invierten recursos en esta importante labor. La Secretaría de Gestión Social y Dialogo del Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM, publicaba con regularidad su revista Willaqniki (el que avisa) o los “Reporte Mensuales sobre conflictividad social”, que ahora solo fueron publicados en su página web hasta abril del año 2019, que pasó reducción de presupuesto, no lo sabemos?. Dicha secretaría es “la autoridad técnico-normativa en materia de prevención, gestión y solución de los conflictos sociales a nivel nacional”, con el objetivo de “contribuir a la gobernabilidad democrática y al desarrollo territorial, así como a la consolidación de una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos”, hasta ahí la declaración de buenas intenciones, que al parecer poco practican. Dicha secretaría considera que los conflictos sociales “son un proceso social en el que dos o más actores perciben que sus intereses se contraponen, y adoptan acciones que pueden constituir una amenaza a la gobernabilidad y/o al orden público”; y se distinguen varias etapas en su atención: estado de pre-conflicto, es decir situaciones de tensión social que evidencian malestar o desacuerdo entre dos o más actores sociales expresada a través de mecanismos formales e institucionales, estos deben ser atendidos de inmediato para evitar su escalamiento. Etapa de conflicto, en cuyo caso se evidencian acciones públicas en actos de protesta por desacuerdos entre dos o más actores sociales y agotaron mecanismos formales de canalización de demandas, en este momento se requiere conciliación o mediación para restaurar el orden social. Etapa de post-conflicto, etapa en que se restituyen las condiciones pérdidas o afectadas y el orden jurídico es restaurado, en esta etapa existen acuerdos y compromisos de las partes demandantes que logran restaurar el orden. El reporte Nro. 03-2019 de la Revista “Willaqniki” lleva por título “Reducir la Conflictividad y Mejorar el Cumplimiento de los Compromisos”, es decir los propios organismos oficiales reconocen que hay deficiencias en el cumplimiento de los acuerdos, lo cual deja mucho que desear, pues la pérdida de credibilidad en las autoridades naturalmente agudizara los conflictos. Por su parte la Defensoría del Pueblo tiene publicado su último reporte de conflictos Nro. 188, del mes de noviembre de 2019, que informa de 187 conflictos, 134 activos y 53 latentes, destacando que la mayor cantidad de conflictos en una sola región se encuentran en Ancash (22 casos), Cusco (17 casos) y Loreto (16 casos), y se distinguen 86 casos en proceso de diálogo, lo cual nos da un panorama poco alentador, cierto es que a fin de año e inicios del nuevo, los conflictos se reducen en su intensidad, pero continúan latentes para reactivarse en cualquier momento, por tanto el dialogo y la gestión de conflictos debe ser permanente. A nivel regional, el gobernador del Cusco, Benavente, manifestó que tiene dedicar prácticamente la mitad de su tiempo a la atención de conflictos en nuestra región, aspecto que también afecta la situación de competitividad regional, sin embargo se tienen conocimiento que vienen implementando la denominada “Oficina de Articulación Intergubernamental y Paz Social” y se viene ejecutando el proyecto de inversión pública “Mejoramiento de las Capacidades en la Gestión, Administración, Resolución, Transformación y Prevención de los Conflictos Sociales en el Departamento del Cusco”; a nivel regional tenemos las provincias de Espinar, Chumbivilcas y La Convención como los sectores con mayor potencialidad de conflictos, debido a las actividades extractivas como las mineras y gasíferas, por tanto la gestión de los funcionarios del gobierno regional deja mucho que desear, pues dicho proyecto dispone de un cuantioso presupuesto total de S/ 1’439, 938.00, y cuyos resultados son poco auspiciosos. En suma, es necesario fortalecer la labor articulada e intersectorial en materia de dialogo y prevención de conflictos en los tres niveles de gobierno, la gobernabilidad de nuestro país así lo exige. 

(*) Email: ideasayni@gmail.com