Las nuevas gestiones de los gobiernos locales se aproximan raudamente al final de su primer año de gestión, y al parecer en la región Cusco, no tenemos ninguna autoridad que destaque por su logros, el primer año suele ser de aprendizaje, instalación y ambientación en los fueros municipales para quienes ejercer su labor por vez primera, pero muchos ya fueron autoridades, por tanto sus resultados deberían ser significativos. La gobernabilidad se nutre de la legitimidad de las autoridades y el respaldo social de la población, por tanto el deber y responsabilidad de cumplir con la rendición de cuentas anual es imperativo para nuestros alcaldes y gobernantes regionales, si bien muchos se empeñaron en brindar el informe simbólico de los 100 primeros días, al culminar el primer año ya no hay pretextos para no mostrar logros significativos. La rendición de cuentas es “un mecanismo de transparencia y control de la gestión pública que forma parte del accountability o responsabilización que guía a las democracias centradas en el desarrollo ciudadano” (Defensoría del Pueblo, Manual de Consulta en materia de Rendición de Cuentas y Portales de Transparencia), su finalidad es informar a la población sobre su gestión, promover mayor transparencia, fortalecer la legitimidad, generar confianza entre representantes y representados, facilitar el control social y prevenir la corrupción; las bases legales que la sustentan se encuentran en la Constitución Política, las Leyes Orgánicas de gobiernos regionales y municipales, la Ley 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, la ley del presupuesto público anual, el Plan Anual de Gobierno Abierto del Perú 2017-2019 y la Ley 26300, de participación y control ciudadano y las directivas de la Contraloría de la República. Un primer indicador es la ejecución presupuestal, que debe ser evaluada con indicadores de calidad de gasto y capacidad de gestión de recursos adicionales, al revisar la consulta amigable del MEF a la fecha para los municipios del Cusco, encontramos a nivel de provincias, las que mejor ejecución lograron son Anta con el 74% y Canas con el 73.8%, y las peores serían Calca con solo el 44.3% y Urubamba con apenas 44.9% de ejecución presupuestal. El panorama a nivel de distritos, destaca a Kunturkanki (Canas) con el 83.6%; seguido de Cusipata con el 81.3% y Camanti con el 81.1%, ambos en la provincia de Quispicanchi; mientras que los distritos con peor ejecución presupuestal son: Colcha con apenas 24.4%, y Yaurisque con 27.7% ambos en la provincia de Paruro, seguidas de Lamay (Calca) con el 28.2%. En cuanto a gobiernos regionales; destacan: Ucayali (77%), Loreto (72 %) e Ica (70.5%); mientras la menor ejecución corresponde a Piura (53.1%), el Callao (57.5%) y Pasco (58.6%); mientras que el Cusco se encuentra con una modesta ejecución del 64.2%. Estas cifras son objetivas, pero susceptibles de mejorar, esperemos que para fin de año el panorama sea más alentador. La rendición de cuentas de las autoridades sub-nacionales debe considerar diversos tópicos, como ejecución presupuestal y resultados, avance de proyectos de inversión pública, logros de los objetivos y metas de sus PDC (Plan de Desarrollo Concertado), servicios públicos, normas emitidas y su impacto (ordenanzas, acuerdos, decretos, resoluciones), contrataciones públicas, personal, avances de transparencia y mecanismos de concertación social. El incumplimiento de la rendición de cuentas motiva responsabilidades administrativas y penales de las autoridades, aun así la población puede presentar una demanda de rendición de cuentas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acompañada de un pliego interpelatorio (preguntas), acompañada del 10% de firmas de los electores de su circunscripción territorial, cuyo informe de respuestas será de difusión y conocimiento público. Cabe destacar que la ejecución presupuestal a nivel del gobierno central también deja mucho que desear, si bien todos los sectores alcanzan un promedio del 69%; el Ministerio de Agricultura apenas alcanza el 52.4%; el Ministerio de Educación con el 60.6% y la Presidencia del Consejo de Ministros se encuentra apenas en el 38.2%. La gobernabilidad requiere eficacia y eficiencia en la gestión pública, pero al parecer los funcionarios y altos directivos no tienen compromiso con el buen gobierno y el servicio al ciudadano. Exijamos rendición de cuentas y resultados en la gestión de nuestros gobernantes, es nuestro derecho.  

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