La viabilidad de nuestro país requiere de gobernabilidad en sus tres niveles de gobierno, nacional, regional y local, pero esta se construye a partir de consensos de los actores políticos y sociales, y mejor aún si los gobiernos ejercen políticas de participación y consulta ciudadana, o bien como lo declara uno de los principios del gobierno abierto, la colaboración ciudadana y la cogestión social. Los presupuestos participativos quizás constituyan uno de los pocos espacios de concertación social para la gobernabilidad local, sin embargo hoy esta puesta en jaque, debido a la falta de un carácter vinculante y además con una normativa que está desactualizada y en un contexto de inversión pública multianual en el marco de Invierte Perú, que ha venido distorsionando su naturaleza, reduciéndose a talleres informativos sin capacidad de priorización de inversiones locales.  

Tenemos nuevas autoridades locales que están en sus primeros cien días de gestión, con muchas expectativas de la población y con un escaso margen de reformular sus planes multianuales de inversión 2019-2021, entonces los presupuestos participativos son una oportunidad de concertar y priorizar inversiones con el respaldo legal y social, que posibilite incorporar nuevos proyectos, de manera que los señores alcaldes deben ser los impulsores de su convocatoria y pleno desarrollo. El Presupuesto Participativo, esta normado por su Ley-Marco Nro. 28056, su reglamento el Decreto Supremo Nº 142-2009-EF y el Instructivo del MEF Nro. 001-2010-EF/76.01, publicado mediante Resolución Directoral Nro. 007-2010-EF/76.01, normas aún del año 2010 que en virtud a los diversos cambios en la gestión presupuestaria y de la inversión pública se encuentra desfasados por lo que urge su actualización. El proceso del presupuesto participativo comprende cuatro fases, 1ro. Preparación, que comprende la convocatoria, registros de agentes y su capacitación; 2do. Concertación en talleres de trabajo y la formulación de acuerdos, dichos talleres dependiendo de la jurisdicción distrital o provincial deben realizarse desconcentradamente por sectores y respetando sus comunidades y poblaciones originarias debiendo implementar una enfoque multicultural; 3ro. Coordinación de niveles de gobierno y 4to. Formalización, cuando los proyectos priorizados son incorporados en el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) del próximo año fiscal. A nivel de la primera fase, las convocatorias deben ser oportunas, debido a que el proceso requiere aproximadamente dos meses para su adecuado desarrollo, y también es necesario prever su debida articulación, desde el nivel distrital al provincial, y luego al regional, resulta en muchas ocasiones que se convoca el nivel provincial cuando aún no concluyen los procesos distritales, también es necesario considerar que culminen antes del 30 de Junio, para que oportunamente se incorporen los acuerdos en los PIA y se remitan al MEF (Ministerio de Economía y Finanzas). Referente a los agentes participantes, estos deben ser registrados con amplitud, debiendo actualizarse oportunamente el Registro de Organizaciones Sociales que cada gobierno local debe tener a cargo de sus oficinas de participación ciudadana, y enfatizarse en la oportuna capacitación de las organizaciones sociales de base; los talleres de concertación deben ser en lo posible desconcentrados en el ámbito de cada jurisdicción distrital o provincial; pero lo esencial es que se respeten los acuerdos y proyectos priorizados, en muchas ocasiones las actas de acuerdos no coinciden con el registro de proyectos en la web del MEF e incluso con el PIA, con lo cual el proceso se desnaturaliza y no tiene efectos reales, resultando simbólico.

Un tema crucial es el informe de rendición de cuentas de la autoridad edil, que por lo general se realiza al inicio del proceso, en este año se referirá al Informe de Transferencia Municipal y el estado situacional en que recibieron las comunas. Según la Defensoría del Pueblo, que publicó el “Manual de Consulta en materia de Rendición de Cuentas y Portales de Transparencia”, la rendición de cuentas es “un mecanismo de transparencia y control de la gestión pública que forma parte del accountability o responsabilización que guía a las democracias centradas en el desarrollo ciudadano”, su finalidad es informar a la población sobre su gestión, promover mayor transparencia, fortalecer la legitimidad, generar confianza entre representantes y representados, facilitar el control social y prevenir la corrupción.

Por tanto, para la salud de la democracia y la gobernabilidad local es importante que se reafirme la democracia social o participativa y uno de sus mecanismos más importantes son los presupuestos participativos, la transparencia y el gobierno abierto, esperemos que las actuales gestiones ediles se encaminen en ese horizonte. Que así sea.

(*) Email: ideasayni@gmail.com